El sistema de salud en Colombia parece haber entrado en su etapa más crítica, balanceándose entre la esperanza técnica y el colapso financiero. En medio de esta tormenta, el naciente gobierno de Abelardo De la Espriella se la jugó por una fórmula ambiciosa: un drástico relevo de liderazgos institucionales y la promesa de un agresivo plan de choque. Tras superar los primeros 30 días de administración, el eco de las promesas de campaña empieza a contrastar con la cruda realidad fiscal del presente, abriendo un espacio necesario para la reflexión.

Cuatro nombramientos con sólida experiencia técnica y gremial llegaron para hacer frente a la crisis del sector. Las credenciales de Ana María Vesga (Minsalud), Zulma Cucunubá (INS), María Andrea Godoy (Supersalud) e Iván Sánchez (ADRES) generan una innegable expectativa. Sin embargo, en la arena pública los buenos perfiles se quedan cortos si no hay acción: el verdadero cambio de rumbo se medirá en la autonomía de la gestión de esos nuevos funcionarios, la audacia de sus decisiones, el rigor de sus equipos, la inmediatez de resultados y los recursos reales con los que cuentan para trabajar.

El reto que encaran no es menor. La hoja de ruta de esta administración se cimentó desde la misma campaña con una promesa de impacto: un plan de choque de $10 billones de pesos para estabilizar financieramente el sistema en apenas 90 días, junto a mesas de diálogo para acatar el mandato de la Corte Constitucional sobre el rezago de la UPC entre 2021 y 2024, un rubro que —al cierre de esta opinión— proyecta un incremento de entre el 12 % y el 13 %. Una luna de miel técnica que promete sensatez y orden.

Pero el optimismo chocó de frente contra la cruda realidad fiscal el pasado 10 de septiembre. En su debut ante los gremios, la ministra Vesga tuvo que vestirse de realismo y admitir lo inadmisible: la espectacular promesa de los $10 billones, hoy tropieza con unas arcas públicas vacías. Mientras Palacio diseña planes sobre el papel, la Contraloría General nos devuelve a la tierra con un dato escalofriante: los pasivos acumulados de las EPS con clínicas y hospitales ya tocan los $58 billones.

Es de rescatar que el ministerio dé la cara y privilegie el diálogo franco sobre la confrontación política. Incluso cuando se reconocen las serias deficiencias fiscales, y presupuestales. De poco servirá entonces que el presupuesto para 2027 sea de $77,06 billones de pesos si simultáneamente en el Congreso, la propia ministra advierte que el hueco estructural exige $13,9 billones adicionales solo para sostener el aseguramiento y salvar la red hospitalaria. La conclusión es tan desalentadora como clara: el nuevo gobierno tiene toda la voluntad técnica, pero carece por completo de chequera.

Diez billones de pesos son apenas un analgésico para 90 días; un esfuerzo inicial valioso que debe seguirse buscando, pero aunque se encuentre dinero, aún deja un enorme y desafiante saldo de recursos por financiar si realmente se quiere sanar el sistema. Y es que, estabilizar la salud no solo requiere capacidad técnica y gremial; exige una capacidad fiscal que se traduzca en alivios tangibles para el ciudadano: una red de atención sin cierre de servicios, entrega oportuna de medicamentos, acceso real a citas y un talento humano con pagos al día. Solo cuando este engranaje funcione, el beneficio llegará a donde siempre debió estar: en el paciente.

Así las cosas, ni el mejor puñado de técnicos podrá salvar vidas con una chequera en blanco y el reloj corriendo.