He seguido de cerca los debates que marcan el rumbo del sistema sanitario colombiano. Nos encontramos en un momento definitorio. Tenemos dos documentos cruciales que trazan la hoja de ruta para la salud de los colombianos: el Proyecto de Ley radicado por el Pacto Histórico (PL-PH) y el documento “Visión de Prospectiva del Sistema de Salud de Colombia”, formulado por la Academia Nacional de Medicina (ANM). Al contrastarlos, surgen hallazgos interesantes. Lejos de la polarización que suele dominar el debate público, existe un consenso estructural sorprendente sobre los males del sistema y sus curas, aunque con matices importantes en el “cómo“.

Las coincidencias

Sobre intermediación financiera y transformación de las EPS, ambos documentos coinciden en una reforma profunda: las EPS no pueden seguir manejando los recursos financieros de manera directa. La ANM propone que las EPS actuales se conviertan en “gestoras de los riesgos en salud y los riesgos operativos, sin manejo de recursos financieros”, siendo remuneradas estrictamente por sus resultados en gestión. En la misma línea, el PL-PH transforma a las EPS en “Gestoras de Salud y Vida”, entidades que articularán la red de servicios y auditarán, pero no tocarán el dinero de la prestación, recibiendo un 5% de la UPC por su administración.

Sobre la ADRES como pagador único: Al quitarle el manejo financiero a las EPS, ambas propuestas empoderan a la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES). La ANM sugiere que “la totalidad de los recursos financieros… serán administrados por la ADRES”. El PL-PH formaliza esto mediante la creación del “Fondo Único Público de Salud”, haciendo que la ADRES asuma como pagador único y realice el giro directo a clínicas, hospitales y proveedores.

Sobre atención Primaria en Salud (APS), ambas iniciativas sitúan la APS en el corazón del modelo de atención. El PL-PH propone un modelo preventivo, predictivo y resolutivo basado en la creación de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y la acción de equipos territoriales que lleguen a los hogares. La ANM secunda esta visión de forma categórica, señalando la urgencia de “desarrollar un nuevo modelo… sustentado en la atención primaria eficiente y resolutiva”.

Respecto a las redes y prohibición de la integración vertical: La ANM aboga por la conformación de redes funcionales y es tajante al afirmar: “Debe haber independencia entre prestadores y aseguradores y no debe haber integración vertical”. El PL-PH hace eco de esta prohibición, proponiendo que las EPS en transición tengan un plazo máximo de dos años para eliminar la integración vertical en la mediana y alta complejidad, y establece la conformación de Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS).

Sobre los modelos para poblaciones urbana o rural, ambas partes reconocen las profundas inequidades geográficas del país. La ANM propone explícitamente un modelo de prestación para zonas urbanas y otro diseñado para zonas rurales o dispersas, financiado por la Nación y los entes territoriales. Por su parte, el PL-PH dedica un componente robusto a la ruralidad a través de la creación del Plan Nacional de Salud Rural (PNSR).

Las diferencias y los matices

A pesar del acuerdo en la arquitectura básica de la reforma, las verdaderas diferencias radican en la gobernanza institucional, el abordaje del talento humano y los mecanismos de saneamiento financiero.

Sobre gobernanza y rectoría, el PL-PH busca “democratizar” las decisiones mediante un “Consejo Nacional de Salud”, un órgano con fuerte participación que integraría al gobierno, gremios, sindicatos, pacientes, indígenas y campesinos, con funciones clave como recomendar el valor de la UPC y formular políticas públicas. Aquí el PL-PH muestra su talante “polititizador” del modelo de salud.

 La Academia tiene una visión más tecnocrática y pragmática: propone que la definición de la UPC recaiga sobre “una unidad técnica e independiente”, y hace un fuerte énfasis en que la Superintendencia de Salud actúe con independencia del Ministerio, contando con un diseño menos vulnerable a presiones políticas.

Respecto a la organización territorial, mientras el proyecto del PL-PH delega una enorme responsabilidad administrativa a las alcaldías y gobernaciones en la conformación de las RIITS y en el control de los determinantes sociales, la ANM advierte sobre la desarticulación y el excesivo centralismo actual. Como solución, propone una regionalización más ordenada que reorganice la distribución de las gestoras en “macro regiones”, calculando que se necesitarían entre 17 y 20 gestoras para optimizar la cobertura en todo el país, operando bajo mapas funcionales que no sigan estrictamente fronteras políticas. La propuesta de la ANM aboga por los llamados SILOS (Sistemas Locales de Salud) territoriales más que poblacionales.

¿Cómo pagar la inmensa deuda del sistema? La ANM propone crear un “FOGAFIN de la salud” que se capitalice, establecer bonos del Estado descontables o utilizar condonaciones comerciales. El PL-PH opta por mecanismos de crédito blando a través de entidades del Grupo Bicentenario, el uso de excedentes de cuentas maestras y asegurar que el 100% del recaudo de los impuestos a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados vaya directo al Fondo Único Público de Salud. Adicionalmente, la ANM advierte que la asistencia social y la intervención en los Determinantes Sociales de la Salud no deben cubrirse exclusivamente con los recursos de la UPC.

Respeto al talento Humano en Salud, el proyecto del PL-PH asume un enfoque de formalización laboral. Dedica un título entero a ordenar la vinculación de trabajadores de la salud a través de las nuevas Instituciones de Salud del Estado, prohibiendo explícitamente la contratación por prestación de servicios para funciones misionales permanentes, y solicita facultades extraordinarias para expedir un régimen laboral especial. La ANM subraya la necesidad de impulsar la formación en ciencias médicas, fortalecer la educación médica y apoyar los hospitales universitarios, sin descender al detalle de reestructuración contractual del PL-PH.

Conclusión

Hay coincidencias: el fin de la intermediación financiera con recursos públicos, el fortalecimiento del giro directo, la consolidación de redes integradas y la priorización preventiva de la atención primaria. Las diferencias que existen, aunque estructurales, implican que se debe dar un debate argumentado. La principal falla del gobierno Petro en el trámite de su Reforma es que no logró construir una visión de sociedad expresándola en una política pública. Trató de imponer su visión ideologizada, dedicándose a atacar a las EPS y de paso al todo el sistema de aseguramiento, sin una propuesta clara para la gestión de riesgo operativo y financiero de las personas. 

La legitimidad y la confianza entre los actores del sistema de salud se rompió y el debate vuelve casi a ceros. ¿se requiere o no reforma estructural o con algunas modulaciones serían suficiente? ¿Cómo va a ser el papel del aseguramiento?

Cuatro retos del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en Salud:

1.        El Sistema de Salud como una política publica resultado de un consenso nacional con la ciudadanía, organizaciones de pacientes y todos los actores del sistema de salud. La arquitectura del sistema no puede responder a intereses de colocar cuadros políticos en los territorios por ejemplo la adscripción de personas y familias a los CAP cercanos a su residencia como propone el PL-PH.

2.        Mejorar al máximo el deterioro que se produjo de los indicadores de salud pública, según el Observatorio de Salud Pública de la Universidad de los Andes, el Plan Decenal de Salud Pública 2022–2031 no se cumplirá al ritmo actual: a cinco años del cierre, el 67% de los indicadores está en estado Crítico o en Alerta y solo el 16% avanza favorablemente. Ver: https://medicina.uniandes.edu.co/sites/default/files/observatorio-sp/boletin-julio2026-observatorio-sp-uniandes.pdf

3.        Plan de choque financiero y asistencial inmediato para garantizar la atención de pacientes que requieren atención médico-quirúrgica y medicamentos en espaciales pacientes de alto costo y enfermedades huérfanas.

4.        Redefinir papel del Aseguramiento: son las EPS o Gestoras las que deben identificar y gestionar el riesgo en salud de la población afiliada y no los CAP como propone el PL-PH, para lo cual se deben identificar riesgos epidemiológicos; desarrollar programas de Promoción de la Salud, Prevención de la enfermedad, es decir la gestión integral del riesgo.

La academia, las asociaciones científicas, la ciudadanía estamos listos a contribuir y apoyar en la formulación de esta política pública al Nuevo Ministerio de Salud y protección Social.