Para muchos de nosotros fue un susto, pero para 292.000* compatriotas fue destrucción directa. Eso sí, el terremoto trajo para todos, con el paso de los días, sentimientos superpuestos de pesar, solidaridad y esperanza. 

Para el nuevo gobierno, este inicio “en caliente” deberá ser una oportunidad histórica para liderar la reconstrucción, no una, sino una mejor reconstrucción. La tragedia que se llevó al menos 730 colombianos entre muertos y desaparecidos, y cambió en segundos la vida de 124 mil familias en 472 municipios de Chocó y el Suroccidente debe recoger aprendizajes y traer oportunidades. Sin ofrecer mejor futuro a deudos y sobrevivientes, todas esas pérdidas serían en vano. 

Los sismos, imprevisibles, golpean en función de su fuerza, pero también de las debilidades que puedan tener quienes los padecen. Entre las muchas consecuencias posibles, veamos algunos rasgos del sistema de salud con el que se encontraron las víctimas y cómo estos repercuten en su atención. 

Empecemos por la estructura de las IPS, mayoritariamente públicas, casi las únicas en muchos municipios afectados. Se reportaron afectaciones estructurales en 303 centros de salud. Siendo lo primero la subsistencia física, su funcionalidad dependerá de contar con suministros y talento humano calificado para utilizarlos. Después del evento, la subdirectora del San Francisco de Asís, único hospital de segundo nivel en Quibdó (el de mayor complejidad de todo el departamento), agradecía el reabastecimiento de insumos por la respuesta a la emergencia, pero también reconocía los problemas eléctricos que “dañaban los equipos”, y la no llegada de 13.000 millones y equipos biomédicos aprobados antes por el Ministerio. Es más: el terremoto tomó a los casi 400 empleados (que recordamos por protestas previas) sin el pago del mes anterior. Oímos también al director del Hospital Universitario del Valle lamentando su colapso parcial, una consecuencia previsible de la falta de reforzamiento estructural recomendada décadas atrás.  

Estas debilidades de infraestructura sanitaria hacen recordar al desaparecido Fondo Nacional Hospitalario (1960-1992). Conceptualmente, estaba para gerenciar desde arriba la suficiencia, dotación y manutención de los hospitales públicos. Pudiéramos relacionar su desaparición, que vino con Ley 100 de 1993, con el declive y orfandad de esos hospitales. Pero también podríamos preguntarnos qué tanto cambio tuvo su situación en el gobierno anterior, donde se anunciaban tantos aportes a la red pública sustraídos de la UPC existente ¿Qué tanto habrían sido mejorados esos 303 centros recientemente?   

Aun suponiendo buena salud en los hospitales como individuos, quedaría pendiente su vitalidad como organismo. Lejos aún estamos de contar con un sistema nacional de urgencias que permitiera un primer nivel de información integrada como puerta de entrada a esos servicios (como lo tienen hoy nuestros bancos de sangre); de una deseable inserción de un resumen digital de atención (RDA) articulada con la identificación de cada paciente ingresado. Falta un sistema interoperable de registros clínicos, donde rápidamente se pueda orientar un triage no local, sino nacional, en caso de catástrofes. Lejos también estamos de un programa nacional de trauma, para no hablar de otras urgencias, más frecuentes y tan mortales como las cardiovasculares (que aumentan también con las catástrofes). Deudas pendientes. Llamados de atención a montar iniciativas cuya ausencia pesa y duele. 

Y está el obvio disparo de necesidades en salud mental: la inmensa mayoría de los damnificados (y seguro quienes han tratado de ayudarlos) habrán visto afectadas sus capacidades de afrontamiento y respuesta comportamental por esta catástrofe. Muy bien vendría aquí una oleada de atención primaria psicológica. Aquí piensa uno en la efectividad de los 10.000 equipos básicos de salud montados por el gobierno anterior, que sustrajo 4 billones “de las EPS” para suplir esa necesidad; de su distribución geográfica; de la presencia de psicólogos allí, su contratación y actividades, pero sobre todo sus resultados, que según expertos están por verse. Solo suponiendo, siendo conservadores, que 50% de los equipos básicos de salud tuvieran sicólogos; que estos hicieran 6-8 teleconsultas diarias (30-40 mil/día), todos los damnificados tendrían al menos una intervención la primera semana. Ahora, asumiendo un 25% más afectado que requiriese controles, podrían hacerse 2 reintervenciones, más duraderas, en la siguiente semana. ¿Sería luego factible remitir esos 3-6 mil casos que requiriesen valoración psiquiátrica? ¿Recibirían 1.000 de los 1.600 psiquiatras de Colombia a 3-6 pacientes para seguimiento por 2-3 meses? ¡Seguro que sí! Eso hubiera requerido equipos básicos de salud funcionales, mantenidos en el tiempo, con censos hechos desde antes del sismo, y esos sicólogos articulados con el sistema…¡sistema que nos está faltando!.

Si los equipos básicos de salud fallaron, por desconectados, contaríamos entonces con las EPS y sus prometidas “redes integradas e integrales” regionales. Con una nueva EPS, gigantesca y omnipresente, casi la única en el territorio afectado, sería suficiente, teóricamente. Pero si no tenemos siquiera información contable, ¡menos aún sabemos las características y necesidades de los afiliados! En ausencia de redes y presencia de tragedias, las autoridades regionales pueden controlar la distribución de insumos y pacientes, como vimos en pandemia. ¿Qué tanto aprendimos? 

Otra preocupación no menos importante es la atención de los enfermos crónicos: asumiendo la prevalencia informada por la última Encuesta Nacional de Salud (de 2007, ¡hace casi 20 años!, esa que EE. UU hace cada 2 años) entre las víctimas habría 30-40 mil personas con hipertensión arterial, diabetes o EPOC, las condiciones más comunes. ¿Cómo asegurar la dispensación diaria de medicamentos que requieren?  Pero para empezar, ¿cuántos de ellos venían recibiéndolos el día anterior al sismo?.

Esta catástrofe nos desnuda, también, en salud. Reconociendo valiosísimos aportes y conmovedores gestos de solidaridad, las innegables deficiencias que traíamos restan efectividad a nuestra respuesta. Se juntan aquí décadas de marchitamiento de la infraestructura pública con la cacareada pero inefectiva ayuda a la “Colombia profunda” de los últimos años. Ojalá aprovechemos, y que la próxima crisis, nos coja para empezar con sistema nacional de urgencias, cobertura universal de RDA e interoperabilidad; con programas de trauma físico y mental que permitan desplegar respuestas rápidas; con poblaciones “empadronadas” con sus necesidades crónicas conocidas. Esta reconstrucción requiere también la edificación de un verdadero sistema de salud para responder mejor a las inevitables tragedias que se avecinen. 

*Esta y las demás cifras relacionadas con el terremoto están basadas en el informe de la UNGRD de agosto 18 a las 6:30 am.