Misma UPC, distintos resultados: la gestión del riesgo también cuenta

En 2025, Salud Total gastó en atención 98 pesos por cada 100 de ingresos. Sanitas, con un número de afiliados parecido, gastó 118, según la Contraloría General de la República. Pero estas dos EPS reciben la misma Unidad de Pago por Capitación (UPC) base por el mismo plan de beneficios.
Es una diferencia de 20 pesos por cada 100 recibidos. Aunque la UPC fija cuánto dinero recibe cada EPS, cuánto gasta y qué logra cada una con ella depende también de cómo gestiona el riesgo. De eso trata esta columna.
El Ministerio de Salud anticipa un incremento de la UPC de 12-13 % para 2027, y la Corte Constitucional le exigió demostrar técnicamente su suficiencia y rendir un informe a más tardar el 15 de enero de 2027. Creo que el sistema necesita recursos suficientes, pero ningún incremento va a durar mientras unas aseguradoras gestionen bien el riesgo y otras no.
La siniestralidad mide esa diferencia: por encima de 100 %, la EPS gasta en atención más de lo que recibe, antes de contar sus gastos administrativos. En 2025, 19 de las 27 EPS que reportaron a la Contraloría pasaron ese umbral. Entre las grandes que reportaron, solo Salud Total quedó por debajo: bajó de 103 % en 2024 a 98 %.
Sanitas hizo el camino contrario: subió de 107 % a 118 % en un año con 8 meses de intervención de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) y los otros 4 de nuevo bajo su casa matriz, Keralty. Según Así Vamos en Salud, su patrimonio pasó de positivo a comienzos de 2024 a negativo en 1,1 billones un año después, y en 3,05 billones a junio de 2026.
Intervenir no ha sido la salida. Sanitas no corrigió el rumbo bajo la Supersalud, y el economista David Bardey calculó que las EPS intervenidas cerraron el primer semestre de 2026 con una siniestralidad de 114,3 %, frente a 102,3 % de las no intervenidas.
Más dinero tampoco asegura mejores resultados. En 2025, el FOMAG, que atiende a los docentes, ejecutó 4,11 billones de pesos en salud para cerca de 834.000 afiliados: unos 4,9 millones por persona, más del triple de la UPC base contributiva de ese año. Aunque es un régimen de excepción, con un plan más amplio y afiliados de mayor edad, ese año perdió 1,7 billones y el número de IPS de su red cayó cerca de 84 %.
En el Auto 1302 de 2026, la Corte advirtió que el déficit de una EPS no prueba por sí solo que la prima sea insuficiente, y ordenó al Ministerio de Salud distinguir el gasto propio del riesgo del que se explica por ineficiencias de gestión, obligaciones acumuladas y dificultades en el flujo de recursos.
Hoy la UPC se ajusta por edad, sexo y zona, y la Cuenta de Alto Costo redistribuye después recursos para un grupo reducido de enfermedades. La diabetes, la hipertensión y la mayoría de las enfermedades crónicas quedan por fuera. Riascos, Romero y Serna (Universidad de los Andes, 2017) encontraron que ese modelo predice apenas un tercio (33,5 %) del gasto del quintil más costoso de afiliados.
Parte de la brecha entre EPS puede deberse a afiliados más enfermos. Pero mientras el ajuste por condición de salud siga en borrador, como está desde 2022, nadie puede decir cuánto es riesgo y cuánto es gestión.
En precios, Colombia no tiene un manual tarifario único de obligatorio cumplimiento: fuera de accidentes de tránsito, eventos catastróficos y urgencias sin contrato, cada EPS negocia sus tarifas.
¿Y qué tan confiables son los datos con los que se calcula la prima? Un documento técnico de la ADRES encontró que, entre 2018 y 2023, 471.480 personas registradas como fallecidas tuvieron servicios reportados después de su muerte, por 2,3 billones de pesos (unos 0,4 billones al año, una fracción pequeña del gasto). El 68 % se reportó entre 2 y 30 días después del fallecimiento, lo que puede obedecer a demoras de facturación, y la ADRES lo atribuye sobre todo a inconsistencias en las bases de afiliados. Aun así, 4.666 personas aparecen con atenciones un año o más después de morir.
La ADRES ya audita con inteligencia artificial las reclamaciones por accidentes de tránsito sin SOAT. Ese control debería llegar a los reportes con los que las EPS alimentan el cálculo de la UPC.
Algunos pensarán que la UPC está mal calculada, y tienen argumentos. Bardey estima que un ajuste por debajo del 15 o 16 % no estabiliza a las EPS. Con datos del Ministerio de Salud y de la Contraloría, 4 de las 5 EPS de referencia con las que se calculó la UPC de 2026 superaron el 100 % en 2025. Y el Presupuesto General de la Nación 2027, tal como lo expidió el Gobierno, dejó por fuera los 3 billones adicionales para salud que el Congreso aprobó en segundo debate.
Es probable que la UPC necesite un ajuste real, pero un aumento igual para todas las EPS premia de la misma forma a la que gestiona bien y a la que no. La ineficiencia no es menor: la Organización Mundial de la Salud estimó en 2010 que entre 20 % y 40 % del gasto en salud del mundo se pierde por esa causa.
Junto con la resolución de la UPC 2027, el Ministerio de Salud podría expedir el ajuste por condición de salud, empezando por las cohortes de enfermedad renal crónica, diabetes e hipertensión, y un manual tarifario único con valores máximos de obligatorio cumplimiento. No todo el incremento tendría que girarse igual: una parte podría pagarse a cada EPS según metas verificables de resultados en salud, graduales y sin afectar el giro para la atención básica, como ya preveía el borrador de 2022. A la que no las cumpla, la Supersalud tendría que exigirle un plan de ajuste.
Antes de discutir cuánto sube la UPC, alguien tiene que explicar el 98 y el 118. Sin esa respuesta, el próximo aumento también se perderá en la ineficiencia.