El experimento del gobierno que le costó la salud y la vida a los maestros
¿Quién responde por los muertos, las omisiones, el caos financiero? ¿Quiénes fueron los cómplices que guardaron silencio? ¿La Superintendencia de Salud liquidará el FOMAG?
En abril de 2024, el Gobierno nacional presentó con bombos y platillos el “nuevo” modelo de salud para los maestros de Colombia. Varios lo catalogaron como un hecho histórico, desde la sede del Ministerio de Educación en Bogotá, la entonces ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció: “Hoy es un día histórico y simbólico para los maestros de Colombia y sus familias”. Junto a Ramírez estaba el presidente de la Fiduprevisora, Jhon Mauricio Marín, la vicepresidenta de Contratación de la misma entidad, Daniela Andrade, la ministra de Educación, Aurora Vergara y Cristian Rey y Georgina Arroyo de Fecode.
Lo que no revelaron ese día, fue que para poder cambiar el modelo de salud, se cometerían una serie de irregularidades que, con el tiempo, pondrían en riesgo el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y la salud de sus afiliados.
Durante 30 años el negocio de la salud de los maestros se adjudicó a través de licitaciones públicas que se realizaron cada cuatros años; el gobierno Petro intentó mantener esa modalidad, sin embargo terminó siendo un desastre total, plagado de movimientos oscuros que dejaron más preguntas que respuestas. Fuentes de La W Radio, denunciaron que el presidente de la Fiduprevisora, John Mauricio Marín, habría copiado los pliegos de licitación del Fondo de Pensiones de Ferrocarriles de Colombia y lo habría legado en el pliego del FOMAG, tan improvisado fue este proceso que en uno de los documentos quedó el nombre de Ferrocarriles y no el del FOMAG, si se comparan ambos pliegos se evidencia que en efecto era el mismo contenido (ángulo superior izquierdo del documento).
Ante el escándalo, en vez de denunciar, el Consejo Directivo del FOMAG tomó una decisión letal, modificó el manual de contratación y permitió adjudicar los contratos a dedo, eliminando cualquier posibilidad de competencia transparente (ver segmento resaltado en el documento abajo). Se argumentó que una licitación abierta pondría en riesgo la continuidad del servicio. Pero el verdadero riesgo fue lo que vino después.
El cambio permitió pasar de 10 operadores principales a más de 4.000 contratistas en todo el país. El resultado: menos control, más corrupción y, paradójicamente, menos salud. Muchas de estas empresas no tenían ni la capacidad técnica ni financiera para operar. ¿Qué hicieron? Subcontratar a los mismos de siempre, los que supuestamente el nuevo modelo venía a reemplazar. La tercerización disparó los costos y degradó el servicio.
Incluso los servicios clave como la auditoría y el software fueron asignados a los mismos de siempre. Un claro ejemplo fue el sistema informático HORUS HEALTH, que tuvo un costo de $45.000 millones, el feliz beneficiado fue el señor Jorge Rocha Paternina, viejo conocido de la Fiduprevisora y del Ministerio de Educación. Rocha había manejado contratos similares cuando Marín dirigía Ferrocarriles.
Pero no siendo suficiente, en mayo de 2024 el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo en televisión nacional que el nuevo modelo sería el piloto para el sistema nacional de salud de todos los colombianos, que esa era la proyección del presidente Gustavo Petro. “Estamos seguros de que le podremos demostrar a Colombia que sí se puede hacer”, afirmó. Sin embargo cuando empezó el ruido de las irregularidades cometidas, el ministro se hizo de un lado como si el asunto no fuera con él.
Apenas tres meses después de la implementación del “nuevo” sistema, comenzaron a llegar las denuncias desde varios rincones de Colombia, especialmente las zonas más apartadas del país; maestros sin medicamentos, tratamientos vitales negados, y en algunos casos, muertes por falta de atención. La respuesta del Gobierno fue la negación sistemática. Y el sindicato Fecode, en lugar de cuestionar, se dedicó a defender el modelo.
El 14 de mayo de 2025, un año después del inicio del modelo, salió a la luz una grabación clave, en donde el vicepresidente del FOMAG, Aldo Cadena, confesaba que el sistema había generado pérdidas por 2 billones de pesos. El audio, grabado sin que supiera que los micrófonos seguían abiertos, revelaba irregularidades graves: falta de auditoría, contratos desbordados y absoluta falta de control.
Poco después, Cadena solicitó oficialmente al Ministerio de Educación trasladar $1,7 billones de pesos del rubro de pensiones para cubrir el déficit en salud, lo que llama poderosamente la atención es que el Consejo Directivo del FOMAG ni corto ni perezoso aprobó esta peligrosa petición.
Dentro de la solicitud Cadena aseguró que los costos del sistema se habían elevado por los siguientes factores:
- Tarifas inconsistentes entre regiones
- Alta carga de enfermedad acumulada
- Envejecimiento de la población
- Libre elección de prestador
- Aumento de pacientes con enfermedades crónicas
- Modelo de atención por evento (que representa el 83% del gasto) sin control tarifario
Públicamente el Fomag y Fecode seguían negando la existencia de un problema financiero, una cosa era lo que decían internamente y otra lo que publicaban en redes sociales en donde tildaban los informes periodísticos como falsos.
Esta negación duró hasta hace algunos días cuando el presidente Petro increpó a Aldo Cadena en pleno consejo de ministros donde le pidió solucionar inmediatamente los problemas del servicio de salud, a lo que el vicepresidente del FOMAG respondió justamente diciendo que tenían varios problemas económicos y de corrupción.
Hay algo que no se puede negar y es que el sistema anterior tenía varias fallas, incluso investigaciones de los entes de control por hechos de corrupción pero era un sistema que funcionaba, los maestros contaban con un régimen que les otorgaba beneficios que ningún otro colombiano tenía.
Hoy podemos concluir que lo que ofreció el Gobierno fue una promesa de mejora, pero terminó siendo una estafa administrativa. Se prometió austeridad, pero el gasto pasó de $3,3 billones en 2023 a $5,8 billones en 2024. Mientras los maestros siguen esperando atención médica, miles de contratos siguen vigentes, el sistema continúa sin control, y el experimento del Gobierno amenaza con dejar no solo un sistema colapsado, con una población más enferma sino un hueco fiscal que terminaremos pagando los colombianos.
Otros contenidos
